Número – 1530
- Continúan comparecencias de aspirantes a ocupar un lugar en el Consejo Honorífico del organismo.
La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez se manifestó a favor de que el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas esté en comunicación con el Senado de la República, ante los muchos aspectos en esta materia que aún no se han legislado y de los cuales el organismo puede dar cuenta a los legisladores.
En el segundo de tres días, en los que comparecen aspirantes a ocupar un lugar en el consejo honorífico de esa instancia, la presidenta de la Comisión Gobernación recordó que, además, existen varias aristas en el tema de búsqueda de personas que deben atenderse, como las sanciones ejemplares para funcionarios del ramo que no cumplan su deber.
“Tengan la seguridad de que, a partir de hoy, tendremos que poner más atención a esos temas”, expresó Valdez Martínez a las y los aspirantes, además de insistir en que el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda debe tener cercanía con esta Cámara del Congreso de la Unión, como lo hace con la Secretaría de Gobernación.
Las comparecencias que se realizan del 30 de julio al 1 de agosto en el Senado de la República tienen la finalidad de seleccionar a los 13 integrantes del Consejo Honorífico del organismo, de los cuales cinco son familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas en derechos humanos, y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil.
En esta jornada, las y los senadores entrevistaron a representantes de organizaciones civiles y especialistas, entre los que estuvieron personas con un familiar con estatus de desaparecido, así como jóvenes, de entre 26 y 29 años, que se dedican a actividades de búsqueda de personas.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Ascencio Ortega, lamentó que también haya personas de esas edades en búsqueda de sus seres queridos, aunque también celebró que, a pesar de su juventud, ese sector se haya unido a la causa.
“Sé que hay muchos hijos e hijas allá, buscando a sus papás, y es muy difícil lidiar con ello todos los días”, expresó la senadora, quien también agradeció por el esfuerzo a todos los asistentes a comparecer en el Senado de la República.
Alejandro Darío Tamez Murguía, cuya hija está desaparecida, propuso crear centros de resguardo temporal de cuerpos rescatados para disminuir el tiempo de entrega a sus familiares, y también unidades de atención psicológica, dado que muchas personas, lamentó, intentan suicidarse o consumen drogas ante el dolor que implica la desaparición de un ser querido.
María Luisa Andrade, cuya hermana fue asesinada, propuso crear una aplicación de identificación forense que permita analizar y preservar de manera digital los cuerpos y las prendas de personas no identificadas que se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo) de cada entidad federativa, además de crear equipos de trabajo con el Senado y otras instituciones para presentar iniciativas sobre el tema.
Juan Humberto Morales Ramírez, hijo de un padre desaparecido, incluyó entre sus planteamientos evaluar y actualizar los procedimientos de identificación forense, así como consolidar la participación de familiares y organizaciones en las tareas de búsqueda de personas.
Hermano de un joven desaparecido, Gerardo Islas Villagómez instó a capacitar y dar sentido humano a los funcionarios encargados del rubro de búsqueda de personas, al igual que fortalecer las instituciones que en esta materia existen, en lugar de crear nuevas, pues, sostuvo, el tiempo es elemental para encontrar a un ser querido.
El especialista Ricardo Nava Rueda detalló que, aunque no se tenga un familiar desaparecido, es importante apoyar y unirse a las organizaciones de búsqueda de personas para apoyarles con asesoramiento legal o incluso para promover una cultura de prevención y atención del ilícito entre la ciudadanía.
Alan Morales Ruiz, también especialista en derechos humanos, insistió en poner en el centro de las políticas las familias de personas desaparecidas, es decir, que estas políticas articulen una colaboración entre fiscalías y las organizaciones de búsqueda para implementar tareas inmediatas y definir prioridades.
El experto en materia de búsqueda de personas Víctor Veloz Espejel, planteó reestructurar el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que incluya, además, representaciones de mujeres, pueblos originarios, adultos mayores, discapacitados y comunidad LGTB, entre otros sectores, al ser estos victimas principales de desapariciones.
María Edith López Hernández, quien es abogada con experiencia en el caso Campo Algodonero, exhortó a incluir el enfoque de género en las operaciones de búsqueda para vincular los delitos con esa perspectiva y determinar a qué instancia corresponde la resolución de los casos: las fiscalías generales o las especializadas en feminicidios.
Por su parte, Livia García Godoy, especializada en derecho civil, recordó que las figuras legales de declaración de ausencia y presunción de muerte de personas dejan un vacío legal al que hay que atender, pues representan un área de oportunidad por la incertidumbre que implica a los familiares de personas desaparecidas.
Mónica Silvy Morales Ríos, antropóloga física y forense, consideró que la problemática de las desapariciones es una “crisis humanitaria” que debe vincularse con políticas públicas integrales, que no dejen de lado la inversión en las fiscalías y la capacitación del personal especializado.
El perito independiente Eberth Castañón Torres, planteó modernizar los métodos de búsqueda de personas, además de homologar las bases de datos genéticos que posean todas las fiscalías de las entidades de la República.
Graciela Ramírez Arce planteó la necesidad de trabajar de manera interinstitucional, compartir la información entre las entidades, organizar y actualizar bases de datos, así como comunicar a los familiares sobre los avances, “para que no haya una frustración o sentimiento de que el gobierno no está haciendo nada”.
