Número – 211
- Realizan foro “La Informalidad Laboral y el Empleo”; expertos también comparten propuestas sobre esta materia.
La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Verónica Rodríguez Hernández, señaló que para reducir la informalidad laboral en México “no basta con diagnosticar, sino que se debe actuar” a través de inversiones productivas, desarrollo regional equilibrado, estímulos fiscales y simplificación de trámites, para eliminar barreras que impiden la creación de trabajos formales.
En el foro “La Informalidad Laboral y el Empleo”, la senadora consideró que también debe extenderse la protección social para que ningún trabajador quede excluido de servicios de salud, pensión o seguridad laboral, además de capacitar y vincular desde la educación a jóvenes, mujeres y personas de comunidades desprotegidas con fuentes de empleo formales
Advirtió que la informalidad es un fenómeno “estructural y multifactorial” ligado a bajos niveles de escolaridad, burocracia engorrosa y brechas de género, edad y regionales, que han provocado que el 54 por ciento de los mexicanos en edad de trabajar esté en precariedad laboral, es decir, más de 30 millones de personas.
“Las consecuencias de esta realidad son graves: menor recaudación fiscal, lo que limita al Estado para invertir en infraestructura, salud y educación, y exclusión de la seguridad social; se estima que 50 millones de personas en México no cuentan con cobertura de salud o pensión”, apuntó la senadora Rodríguez Hernández.
Rubén López Malo, presidente del Instituto de Política Laboral, señaló que todos los gobiernos de México han visto la relevancia que tiene para el país la informalidad laboral; sin embargo, lamentó, “por desgracia, no le han tomado el empeño, ni lo han tomado con la seriedad que se requiere. Han ido pateando el bote hacia adelante”.
Al respecto, Francisco López Díaz, director general de la Confederación Patronal de la República Mexicana, sostuvo que la informalidad “no se combate” sino que se resuelve, además de que el desarrollo no puede ser inclusivo mientras no se logre integrar a quienes están al margen de los beneficios del crecimiento.
Propuso, entre otras medidas, simplificar los trámites legales para incentivar la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas; impulsar programas de inclusión financiera digital y capacitación, incentivos fiscales para que empleadores en la informalidad legalicen su situación, vincular a la educación con el trabajo y elaborar una reforma en beneficio de trabajadores de empleos no estándar.
Héctor Márquez Pitol, experto en temas laborales y director general de la organización AMITAI, destacó que, en muchas ocasiones, quienes contratan a las personas son los que evaden la responsabilidad patronal y fiscal a la que estarían obligados como empleadores formales, por lo que sólo uno de cada cuatro está registrado ante el IMSS.
Enfatizó que lo único que puede generar empleo es la inversión y propuso incentivar esto con planes competitivos en materia fiscal y promover leyes y reglamentos para la contratación flexible del personal, con la garantía de otorgar seguridad social a los trabajadores.
Omar Rodrigo Escamilla Haro, representante de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, expuso que esta entidad ha disminuido sus tasas de informalidad desde el 2020 gracias a que se han identificado actividades que tienen la posibilidad de regularizarse, como los servicios de plataformas digitales, con lo que varios trabajadores han accedido a seguridad social.
El coordinador de asesores del Gobierno del Estado de Querétaro, José Alfredo Botello Montes, defendió la conveniencia de identificar el número de vendedores informales en un lugar, su ubicación, productos y horarios, y si están adscritos a alguna organización, para definir si son informales por necesidad o si están influenciados por organizaciones delictivas que invaden espacios públicos.
