La acción anunciada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se inscribe en un marco de cooperación y coordinación internacional orientado a debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales con impacto transnacional, entre ellas el Cártel de Santa Rosa de Lima, cuyas actividades ilícitas han generado afectaciones relevantes a la seguridad pública y a sectores estratégicos.
En el ámbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha desarrollado de manera permanente análisis financieros, fiscales y corporativos sobre personas y redes vinculadas a dicha organización, lo que permitió, con anterioridad, la incorporación de José Antonio Yépez Ortiz (a) El Marro, en la Lista de Personas Bloqueadas, conforme a las atribuciones legales de la UIF y en coordinación con las instancias competentes del Estado mexicano. Estas acciones se han sustentado en el seguimiento de flujos financieros, esquemas de ocultamiento de recursos y posibles vínculos con actividades de robo de hidrocarburos.
La medida adoptada por las autoridades estadounidenses refuerza y complementa las acciones ya implementadas en México, al ampliar las restricciones financieras a nivel internacional y limitar el acceso de la organización y de sus integrantes a recursos, activos y operaciones dentro del sistema financiero global, particularmente en contextos de carácter transfronterizo.
Este refuerzo internacional contribuye a cerrar espacios para la evasión de controles financieros, el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas, así como para la posible transferencia de recursos ilícitos entre jurisdicciones. De igual forma, fortalece los esfuerzos conjuntos para reducir la capacidad operativa, logística y de liderazgo de la organización criminal.
La UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco legal vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de identificar riesgos, prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y contribuir al debilitamiento financiero de las organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y el sistema financiero.
