Participan procuradores estatales de medio ambiente; acuerdan capacitaciones, mesas de trabajo y sumar fuerzas en temas críticos
Durante la Primera Reunión Nacional para la Protección y Justicia Ambiental, la Procuradora, Mariana Boy Tamborrell, reconoció que “tenemos grandes pasivos ambientales en nuestro país, procesos presentes muy acelerados de destrucción de los ecosistemas y una deuda histórica en materia de justicia ambiental”.
La reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México este 30 de junio y contó con la participación de autoridades de medio ambiente de los estados, el equipo de oficinas centrales de la Profepa y la presencia virtual de los coordinadores de la Procuraduría en las 32 entidades.
El objetivo de la reunión fue “identificar las problemáticas de las entidades en las que podemos compartir trabajo o intercambiar información, cada uno desde su ámbito de competencia, nosotros como la autoridad federal de la procuración de justicia, ustedes como las autoridades estatales en la materia”, explicó Boy Tamborrell.
Entre los temas abordados en la reunión están los nuevos mandatos y herramientas con las que la Profepa cuenta. La Procuradora subrayó que la Profepa “está lista para convertirse en una verdadera instancia de procuración de justicia ambiental. Esto significa convertirnos en una Procuraduría que defienda y proteja efectivamente los derechos ambientales con todas las herramientas que tiene”.
Para cumplir con este mandato, la Profepa cuenta con seis ejes centrales: prevención, participación ciudadana, defensa de los derechos y de las personas defensoras, justicia ambiental restaurativa, fortalecimiento de los procedimientos administrativos y litigio estratégico.
En sus participaciones, las autoridades de los estados coincidieron en la necesidad de recibir capacitación sobre la NOM-083-SEMARNAT-2003, sobre la disposición de residuos, y sobre procedimientos jurídicos, a fin de fortalecer sus propios procedimientos administrativos. También propusieron la creación de una base de datos para saber a quién le compete llevar los asuntos, la conformación de mesas de trabajo para temas forestales, la creación de una “base de buenas prácticas” que sea replicables en todas las entidades.
Entre las problemáticas compartidas están: el manejo inadecuado de los residuos, los cambios de uso de suelo ilegales, el maltrato a ejemplares de vida silvestre, los presupuestos y los recursos humanos limitados que se enfrentan a nivel tanto federal como estatal, la proliferación de desarrollos inmobiliarios que no cumplen con la normatividad ambiental.
Otro punto en el que hubo un consenso es la participación ciudadana, pues gracias a ella, a las denuncias de la gente, las procuradurías pueden intervenir puntualmente.
Durante su participación, la representante de Tabasco, Sheila Cadena, resaltó el trabajo coordinado que se ha realizado para prevenir y proteger a los ejemplares de primates ante cualquier eventualidad climática e indicó que, gracias al Protocolo de atención a primates no humanos que se ha implementado, no hay bajas hasta el momento.
El representante de Quintana Roo, Alonso Fernández Lemmen, agradeció porque “se percibió un cambio considerable desde que llegó a la Procuraduría”. Además, explicó que en su entidad hay un grupo social que ha devastado importantes zonas de selva.
Mariana Boy Tamborrell agradeció la retroalimentación de los participantes; además, resaltó las palabras del representante de Michoacán, Rosendo Antonio Caro, sobre el tema de corrupción: “Es un tema que enfrentamos todos los sectores, pero también nos toca a todos unirnos para combatirlo”.
La Profepa resaltó los temas en los que continuará trabajando, entre ellos: los cambios de uso de suelo ilegales en la Península de Yucatán por parte de las comunidades autodenominadas menonitas; la tala ilegal; reordenar las plantaciones de palmas africana y sacarlas del área natural protegida La Encrucijada, en Chiapas; combatir el tráfico de especies; promover el bienestar animal para ejemplares de vida silvestre; trabajos de inspección y vigilancia en las cuencas, orientada a las empresas que contaminan, atención al sector porcícola, empezando en Yucatán, entre otros.
Además, se actualizará el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) con la finalidad de incorporar un nivel de excelencia ambiental, que garantice el cumplimiento del acuerdo de Escazú y que incorpore el criterio de debida diligencia de empresas responsables con el ambiente (propuestas por ONU), de tal suerte que los certificados de la calidad ambiental garanticen un enfoque de derechos humanos y acceso a la justicia ambiental.
En lo que se refiere a participación ciudadana, la Profepa subrayó la importancia de los Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, a través de los cuales se fortalece la vigilancia y la conservación en los territorios; entre otros temas, muchos de los Comités ubicados en zonas costeras vigilan las anidaciones de las tortugas que llegan a desovar.
Para finalizar, la Procuradora agradeció la participación de todas y todos y puso en la mesa más reuniones donde se revisen estrategias de trabajo en equipo, cada uno desde su área correspondiente. Además, los instó a colaborar como hasta ahora en el tema de tala ilegal, cambio de uso de suelo, prevención de auditoría ambiental local y desde la federación.
Sobre los zoológicos, la procuradora señaló que se tiene el propósito de realizar un censo en el país, por lo que pide a cada estado informar de la situación de estos en sus entidades.
También, se comprometió a organizar las capacitaciones solicitadas.
“Esta reunión se termina, pero es el inicio de una colaboración para cumplir con nuestro mandato de proteger el medio ambiente en el país”, agradeció la procuradora.
Foto 2. Participantes de la reunión.
